El Estado mexicano, a través de la administración pública, está obligado a garantizar las condiciones mínimas para que se respeten los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Al ser el primer círculo de contacto con la población, el papel que juega la administración pública tiene un carácter principal y relevante en la búsqueda de una vida digna para la ciudadanía. Las nuevas generaciones deben pensar más en los principios y en los valores que en las reglas y en las normas. Especialmente la administración pública, que tiene en sus manos analizar, en la mayoría de los casos en primera instancia, si es procedente otorgar o no, a través de un acto o una resolución administrativos, su aval para que la persona pueda disfrutar un derecho humano al trabajo, a la protección de la salud, a una vivienda digna, a la cultura, etcétera. Por ello, es fundamental que los diferentes órganos de la administración pública comprendan la importancia de respetar los derechos humanos, entendidos como el conjunto de derechos subjetivos, principios, garantías, libertades y prohibiciones estatales. Resulta indispensable crear un nuevo sistema jurídico y dejar de lado los dogmas que ya no son compatibles con los nuevos institutos que se han ido incorporando a nuestro derecho interno